br En Argentina la pobreza

En Argentina, la pobreza como categoría organizadora de la intervención estatal triunfó en la década de los ochenta. Hacia 1984 se publicó un informe sobre La pobreza en Argentina JNJ-26481585 cost la vez que su medición comenzó a constituir un asunto de Estado y un diagnóstico prevaleciente articuló de modo específico la cuestión social. De la mano del debilitamiento y privatización del sistema de seguridad social, la asistencia social se configuró mediante políticas denominadas de “desarrollo social”. La privatización del bienestar se institucionalizó en el traspaso del Estado de bienestar a un sistema nacional integral de políticas sociales, que quedó sellado en 1994 con la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de poblaciones estructuralmente pobres, nuevos pobres y vulnerables. Se vislumbró la aparición de la denominación de desarrollo en el área asistencial vinculada a la noción de desarrollo humano de Naciones Unidas que implica “el prudente traspaso de las responsabilidades del Estado a la sociedad, se reemplaza la noción de Estado de bienestar por un Sistema nacional integral de políticas sociales”. Un primer gran indicio del comienzo de la consolidación de una política de “mínimos básicos” bajo la lógica de compensación de riesgos. La propuesta de intervención consistió en “un ajuste con rostro humano”. Para ello, se buscó convertir activos (recursos) en satisfactores de necesidades, a través de relaciones en las que se prioriza el vínculo no mercantil, que fortalece la noción de capital social. De esta manera, se distinguía un espacio donde primaban relaciones basadas en la solidaridad, la autogestión de la propia pobreza y la producción informal de una esfera mercantil, cimentada en la competencia. La focalización territorial promovió la participación tendiente a la autogestión de la pobreza. Se gestionaba una pobreza territorializada, a través de intervenciones fuertemente asistenciales aunque sostenidas en un discurso ciudadano. La ciudadanía fue releída en clave de la vinculación al trabajo comunitario participativo, instrumento cuya eficacia consistía en “aprovechar” el propio conocimiento que la población tiene de sus relaciones locales. Se valorizó la participación de las comunidades en la gestión de las políticas públicas definiéndola como la organización “racional, consciente y voluntaria” para la satisfacción de necesidades, basada en los imperativos morales de la educación ciudadana y la cohesión social. Como contracara, se colocó el foco en la transitoriedad de la situación de vulnerabilidad en el riesgo. Este reconocimiento de capacidades enmarcado en un desarrollo social humanizado sacó el foco de los derechos y garantías que el Estado regulaba para revalorizar capitales de las familias o de la comunidad en situación de extrema precariedad, lo cual tuvo como correlato la mercantilización cada vez más profunda de la reproducción de la vida y el bienestar. Las intervenciones fueron asistencialistas no por su metodología, sino porque sustituyeron un marco de derechos y garantías que obligaba a Calvin cycle asistir a los grupos sociales con necesidades específicas y a los sectores sociales en condiciones de máxima explotación bajo el derecho a la asistencia, por la generalización de intervenciones que se focalizaron en las carencias y que asumieron un carácter volátil. La particularidad de la política social durante la década de los noventa fue que quienes debían ser asistidos no lo eran por causas accidentales que los incapacitaban a conseguir sus medios de vida debido a la limitación estructural del mercado de trabajo para cumplir los objetivos de distribución. La asistencia pasó a ser entonces una de las formas de intervención central organizada fuera de las instituciones del trabajo. La población comenzó a ser vista como recurso y las políticas asistenciales buscaron garantizar la reproducción de categorías básicas de fuerza de trabajo urbana. Es decir, una política compensatoria de las fallas de otros vectores centrales de inclusión se volvió el foco central de la intervención estatal, lo que a su vez tuvo correlación con el modo en que las instituciones se repartieron su intervención sobre los diferentes problemas, entre el Ministerio de Desarrollo Social (para aquellas personas no empleables) y el Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social (para quienes estuvieran en condiciones de reingresar al mercado de trabajo).