Archives

  • 2018-07
  • 2018-10
  • 2018-11
  • 2019-04
  • 2019-05
  • 2019-06
  • 2019-07
  • 2019-08
  • 2019-09
  • 2019-10
  • 2019-11
  • 2019-12
  • 2020-01
  • 2020-02
  • 2020-03
  • 2020-04
  • 2020-05
  • 2020-06
  • 2020-07
  • 2020-08
  • 2020-09
  • 2020-10
  • 2020-11
  • 2020-12
  • 2021-01
  • 2021-02
  • 2021-03
  • 2021-04
  • 2021-05
  • 2021-06
  • 2021-07
  • 2021-08
  • 2021-09
  • 2021-10
  • 2021-11
  • 2021-12
  • 2022-01
  • 2022-02
  • 2022-03
  • 2022-04
  • 2022-05
  • 2022-06
  • 2022-07
  • 2022-08
  • 2022-09
  • 2022-10
  • 2022-11
  • 2022-12
  • 2023-01
  • 2023-02
  • 2023-03
  • 2023-04
  • 2023-05
  • 2023-06
  • 2023-08
  • 2023-09
  • 2023-10
  • 2023-11
  • 2023-12
  • 2024-01
  • 2024-02
  • 2024-03
  • br El salario m nimo en M

    2018-10-26


    El salario mínimo en México y América Latina En los últimos setenta años la evolución del salario mínimo en términos reales en nuestro país ha tenido tres grandes etapas asociadas, en alguna medida, al desempeño de la economía mexicana. En la primera etapa que va desde la década de 1950 hasta la segunda mitad de la década de 1970, el salario mínimo real se cuadruplicó NSC23766 cost la vez que la economía mexicana vivió su época de oro, expandiendo el pib real a una tasa media anual de 6% y leve inflación. El alza salarial perdió impulso con el boom petrolero y a partir de 1977 sus ajustes nominales se rezagaron ligeramente de la inflación. A partir de entonces se abre una tercera fase, que perdura hasta 2014. En ella el salario mínimo en términos reales sigue una pauta descendente, pero a un ritmo mucho menos agudo que antes, y parece estabilizarse en años recientes. Esta política de extrañamiento del salario mínimo de toda consideración del mercado laboral, seguida ya por casi 40 años, ha ejercido un efecto grave sobre su poder adquisitivo. Su deterioro sistemático le coloca hoy en día y desde tiempo atrás como uno de los más bajos salarios mínimos, medido en una moneda común, en América Latina (Ver Gráfica 1). De los 22 países latinoamericanos para los que se contó con información para 2011 del salario mínimo, el de México —equivalente en ese entonces a us $112.2—fue el más bajo, superado ligeramente por el de Nicaragua (US $117.5) y Bolivia (us $117.5), y equivalente a 40% del salario mínimo de Guatemala o de Honduras, cuyo pib per cápita está muy por debajo del mexicano, y menos de la tercera parte del salario mínimo, en dólares en Costa Rica y Argentina. Su bajo nivel respecto al resto de la región se manifiesta de manera más aguda al tomar en cuenta los montos medidos tomando en cuenta la paridad del poder adquisitivo (ver gráfica 2). Así, al corregir los valores nominales correspondientes de cada país por las diferencias en el poder adquisitivo, el salario mínimo de México sigue siendo el más bajo de la región, y su monto así medido queda ahora también mucho más alejado del de los salarios mínimos de Nicaragua, Bolivia y República Dominicana. En cuanto a species diversity su evolución reciente, como muestra la gráfica 3, en América Latina el salario mínimo subió en términos reales en la década del 2000 con la excepción de México, Bahamas, la República Dominicana, y Trinidad y Tobago. El alza en los demás países de la región fue, en algunos casos, sustancial. Por ejemplo, en Argentina y Uruguay se elevó en promedio a más de 10% anual, o en Brasil, Honduras y Nicaragua a más de 5% anual. Su fuerte crecimiento en Argentina, Uruguay, Ecuador y Brasil en estos años se explica por el ascenso al poder de gobiernos comprometidos con agendas de desarrollo más incluyentes. Este compromiso les llevó a usar diversos instrumentos de política económica y social para distribuir mejor los beneficios del crecimiento del producto. En esta visión, dejaron de considerar al salario mínimo como mero apéndice de la política anti-inflacionaria y, por el contrario le restablecieron sus funciones como instrumento de la política laboral (Marinakis y Velasco, 2006). En contraste en estos años en México, a pesar de que se dio una transición del partido en la Presidencia, se mantuvo la política de contención del salario mínimo, reflejo quizá de que la inclusión social y la igualdad no eran prioridades de la estrategia económica. Dicha contención se argumentó, como antes más implícita que explícitamente, como necesidad de apoyar la baja en la inflación y acotar el gasto público en prestaciones, pensiones y otras erogaciones vinculadas al salario mínimo. A la vez, su rezago servía para comprimir los costos laborales —via precios y no tanto vía productividad—; una ventaja competitiva de la inserción de México en la economía mundial.